Redacción
La denuncia presentada la semana pasada contra una empleada municipal con su posterior procesamiento en una causa que conmovió a la opinión pública local y los infructuosos llamados a la seccional de policía por parte de funcionarios municipales de alta jerarquía para tratar de hacer “zafar” a la acusada y que no trascienda el hecho, demostraron ser sólo la punta del iceberg de un accionar propio de la vieja política que en pleno siglo XXI considera a la ciudad como su propio feudo.
El proceso de profesionalización de las fuerzas de seguridad que viene llevando adelante la provincia desde hace tiempo impidió en esta oportunidad que los viejos vicios de la política ejerzan sus oscuras influencias por sobre los procedimientos procesales habituales que deben llevar adelante los auxiliares de justicia.
El blindaje mediático al gobierno municipal ejercido desde medios de comunicación oficialistas de la ciudad y la región quedó con fisura expuesta ese mismo día al publicar este medio la noticia con información fehaciente y que la propia gente se encargó de replicar hasta el último rincón de la ciudad de una manera inimaginable en otras épocas. Todo gracias al principal arma con que cuenta la población en sus manos en la actualidad: la tecnología.
Casi en forma simultánea con el hecho anteriormente mencionado, otro funcionario de la municipalidad con rango jerárquico y personal a cargo fue penalmente denunciado por un grupo de mujeres en la seccional de policía de la ciudad. Violencia de género es sólo uno de los tantos hechos lamentables de los cuales se le acusa. Tradición de familia.
Otro elemento más que se suma a la larga lista de personajes que se valen de su cargo público para cometer todo tipo de fechorías, amparados en cierta sensación de impunidad que les otorga ser empleados municipales y activos proselitistas en campañas electorales oficialistas.
La administración municipal debería tomar de una buena vez cartas en el asunto y “separar la paja del trigo” para que el dinero de los contribuyentes vuelva a la comunidad de la mano de honorables servidores públicos al servicio del pueblo en vez de contribuir días tras día en hacer del municipio un aguantadero de delincuentes.
No es justo que funcionarios honestos, respetables y con carreras incuestionables dentro de la administración pública deban coexistir al mismo tiempo con opacos personajes de la más baja calaña que se valen de su status de empleados municipales para cometer todo tipo de actos non sanctos con la anuencia por acción u omisión del gobierno de turno.
Nota de opinión de la redacción de PuertoGeneralSanMartin.com